miércoles, 5 de marzo de 2008

La violación de una niña reabre la polémica sobre la presencia militar estadounidense en Japón

El reciente caso de la presunta violación de una adolescente japonesa por un militar estadounidense destacado en una de las bases de Okinawa ha reabierto la polémica acerca de la fuerte presencia militar de Estados Unidos en Japón y sobre la necesidad de la misma en una zona del globo relativamente estable. El pasado 11 de febrero, el sargento de marines Tyrone Luther Hadnott fue detenido por la policia japonesa acusado de violar a una niña de 14 años la noche anterior. El caso ha suscitado la indignación de los habitantes de la isla y declaraciones airadas por parte del Gobierno japonés: el ministro de Defensa Shigeru Ishiba advirtió el 22 de febrero que si las tropas estadounidenses continuaban cometiendo delitos podrían replantearse los principios de la alianza entre ambos países, a lo que el mando estadounidense respondió imponiendo el toque de queda a todo el personal destacado en la isla.


SOLDADOS NORTEAMERICANOS PASEANDO EN UNA ZONA COMERCIAL CERCA DE LA BASE DE KADENA, EN OKINAWA.


Una semana después, Condoleezza Rice hizo una escala en Japón durante un viaje por Asia Oriental, en la cual pidió disculpas. Dos días después, el sargento Hadnott, que niega haber violado a la niña pero admite que se avalanzó sobre ella y la obligó a besarle, fue puesto en libertad por la policía japonesa después de que la familia de la niña retirara los cargos en su contra. Organizaciones de víctimas de delitos cometidos por soldados estadounidenses han afirmado que la familia recibió presiones para que retirara la acusación. Hadnott se encuentra arrestado por el Cuerpo de Marines, que ha asegurado que llevará a cabo una investigación completa de los hechos.


El de Luther Hadnott no es el único caso reciente: a finales de febrero una joven filipina de 21 años fue violada por un soldado estadounidense en un hotel de Okinawa.


Estas violaciones han traido a la memoria de la población un caso que en 1995 conmocionó a la opinión pública: la paliza y violación de una niña de 12 años por tres marines destacados en la base aeréa de Futenma. Aquello provocó una oleada de protestas en la isla y la creación de un comité conjunto, el Comité Especial de Acción en Okinawa (SACO), para que los dos países estudiaran la manera de minimizar el impacto de la presencia militar en la isla. El comité decidió desmantelar once instalaciones militares (que ocupaban 5.002 hectáreas) incluida la base de Futenma, que sería trasladada a un área menos poblada. Hasta 2005 no se decidió un nuevo emplazamiento, ya que el que proponían los estadounidenses en la costa habría dañado gravemente el ecosistema; el traslado no se completará hasta dentro de ocho años.


La isla de Okinawa se encuentra en el extremo meridional de Japón. En 1945 fue el escenario de la mayor invasión anfibia de la historia y de una de las batallas más cruentas de la guerra en el Pacífico. Al finalizar la contienda, con la firma del Tratado de Paz de San Francisco en 1951, quedó bajo la administración directa de Estados Unidos, que convirtió la isla en su principal base de operaciones del Mando del Pacífico occidental . Japón recuperó la administración de Okinawa en 1972, pero las tropas permanecieron.


Las instalaciones militares estadounidenses ocupan más de 23.000 hectáreas, un 10 por ciento de la superficie total de la prefectura de Okinawa y poco más del 70 por ciento de la superficie total de la que dispone Estados Unidos en Japón, y en ellas trabajan 50.000 estadounidenses, más de la mitad militares. El impacto es múltiple en la población local en una isla que es la más pobre del país y que, con 1,3 millones de habitantes: desde el ruido de los aviones hasta el daño medioambiental. A ello hay que añadir la criminalidad: entre 1972 y diciembre de 2003 se registraron 5.269 delitos cometidos por militares o el personal civil de las bases. Estos casos incluyen 540 delitos graves y 977 agresiones. (Sobre el impacto de la presencia militar estadounidense en la isla veáse, en .pdf, el informe U.S. Military Issues in Okinawa, publicado por el Gobierno de la Prefectura de Okinawa en 2004.)


El mantenimiento de las bases tiene un coste de unos 7.500 millones de dólares anuales, más de la mitad a cargo del Gobierno de Japón. Conforme a los tratados que regulan la presencia norteamericana en la isla, Estados Unidos no está obligado a devolver los terrenos e instalaciones en el estado en que le fueron entregados. Los soldados estadounidenses están exentos de pagar impuestos en Japón (a pesar de que disfrutan muchos de sus servicios) y de solicitar visados japoneses para entrar y salir de la isla. En lo que respecta al derecho penal, la policia japonesa no puede detener a soldados estadounidenses que se encuentren en sus bases a no ser que los haya acusado formalmente un tribunal. Debido a éstas y otras claúsulas de los acuerdos, así como a la presión diplomática, los estadounidenses destacados en la isla se encuentran fuera del alcance de la ley japonesa, como muestra el caso del sargento Hadnott.


ACTUALIZACIÓN (6 de marzo): Un tribunal militar estadounidense juzgará a cuatro marines acusados de asaltar y violar a una chica japonesa de 19 años en Iwakuni el pasado mes de octubre. La fiscalía japonesa se hizó cargo de la acusación pero rtiró los cargos en noviembre sin dar ningún tipo de explicaciónes.